María Crisatina Rodríguez.
La pobreza histórica que golpea a Haití producto de la corrupción e irresponsabilidad de sus gobiernos sumados a los intereses externos lo han convertido como dijo Juan Bosh en un “conglomerado humano”.
De ahí el desorden institucional en la vecina nación , sin dudas, un Estado fallido, y la falta de esperanza de sus ciudadanos agudizada con el terremoto del 2010, quienes ven en República Dominicana la vía rápida para mejorar sus condiciones de vida. Hacemos este preámbulo para fijar nuestra posición, identificada plenamente con el artículo “Retorciendo conceptos” autoría del periodista Adriano Miguel Tejada de Diario Libre sobre las desafortunadas reacciones de las autoridades haitianas y de los gobiernos y organismos extranjeros tras la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional. RETORCIENDO CONCEPTOS
“En relaciones internacionales se afirma que la política exterior de los países pobres es una continuación de su política interna, y Haití es un caso paradigmático de ello.
El actual gobierno haitiano debió celebrar elecciones en el 2011, y es la fecha que no lo ha hecho. Su crisis interna la ha exportado, usando como blanco a su adversario favorito: la República Dominicana, que en su tradicional postura de dejar pasar no se ha sabido defender y desenmascarar a su mal vecino.
Haití no tiene política educativa ni de salud, pero logra esconder sus carencias, alegando que en el país vecino, que acoge generosamente a cuanto ciudadano de ese país quiere cruzar la frontera (las complicidades son culpas nuestras que debemos reconocer), se les desconoce el derecho a la educación y a la salud a sus emigrantes.
Haití tiene más de la mitad de su población sin identificar, pero exige no sólo que se identifique a sus nacionales y descendientes, sino que se les otorgue una especie de nacionalidad privilegiada ¡por haber cruzado ilegalmente la frontera!, o por seguir la costumbre de no cumplir las leyes del país que los acogió, declarando a los hijos ante las autoridades correspondientes.
Han retorcido tanto los conceptos, que ahora se destapa un activista haitiano afirmando que el Estado dominicano “tiene que ganarse la confianza de los inmigrantes”, cuando es exactamente lo contrario: el inmigrante tiene que probar que merece residir en el país que lo acoge respetando las leyes”.
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