Debió haber sido en el 2015 que a nuestra comunidad el nueve uno uno, pero el liderazgo político, la sociedad civil y el sector empresarial han sido indiferentes para haberlo hecho realidad en el tiempo comprometido por el gobierno para la puesta en funcionamiento en Haina del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Ha faltado presión política y social. Ahora visto como una oportunidad el presidente Danilo Mediana ha reiterado en su rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, ante el Congreso Nacional de que Haina está en la ruta para que este sistema de seguridad entre en funcionamiento en los próximos meses. Está de nuestra parte hacer que las cosas sucedan para el bienestar de la municipalidad dándole seguimiento a la oferta presidencial.
Con el funcionamiento del 9-1-1 Haina podrá contar con un instrumento vital que permitirá establecer un sistema real de mitigación de vulnerabilidades, y que funcionará como un mecanismo de prevención, atención y socorro a la ciudadanía en situaciones de emergencia.
Esta herramienta de regulación viene a contribuir con la lucha contra la inseguridad, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, que es el deseo de toda la municipalidad. Claro, desde nuestra perspectiva este proceso debió ser más amplio en tanto intervenir en las realidades de pobreza de la población. Pero sin lugar a dudas es un paso de avance para la sociedad dominicana.
La seguridad ciudadana es considerada en la actualidad como una condición clave para propiciar el clima de confianza necesario al desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas que posibilitan el desarrollo económico y social. Y no es cuestión de percepción, a propósito de Monchi Fadul, el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana aterroriza a toda la sociedad. En Haina existe una gran vulnerabilidad e inseguridad ciudadana producto de un desarrollo desequilibrado y agravado por el uso desordenado del territorio y las pocas oportunidades ciudadanas. Aquí todos somos vulnerables frente a la violencia.
En Haina debería existir un proceso de desarme de la población civil, y la incautación de armas a personas que no están en capacidades sicológicas para portar y tener un arma de fuego. Una jornada con la cual el Ministerio de Interior y Policía podría emprender con éxitos.
Según las estadísticas el 70 % de las familias en Haina son de escasos recursos. La institución familiar pasa por un estado de desestructuración social. Algo crítico resulta la poca capacitación de la población local para su inserción en las actividades productivas fruto del bajo rendimiento escolar. Existe hoy en día una presencia de trabajo infantil.
A esto se suma la alta tasa de embarazo en adolescentes, presentándose casi como un problema de salud pública. Hablamos de que Haina atraviesa por una realidad de extrema pobreza. La mayoría de las personas viven de trabajos informales o de la zona francas. Se genera un entorno difícil para la inserción de los jóvenes de la sociedad ante las pocas oportunidades que le garantiza el sistema. La prostitución, el microtráfico de drogas y la violencia constituyen una amenaza a la convivencia y la paz ciudadana.
En fin, sin que sea un discurso apocalíptico, Haina está catalogado como una de las quince municipalidades más pobres del país, con un 64.2% de hogares pobres. Las familias viven en condiciones de hacinamiento los cuales les hace vulnerables socialmente y económicamente hablando. Por lo tanto, una intervención de seguridad ciudadana debería contemplar acciones de carácter de cohesión social, económica y cultural para los más pobres.
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